Artículo publicado originalmente en Brains Real Estate News – Noticias Inmobiliarias y de Vivienda«>Brains Real Estate News
El conflicto en Oriente Próximo ya está dejando consecuencias directas sobre la economía española y uno de los sectores más afectados es el de la construcción. La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) advirtió de que nueve de cada diez constructoras españolas han sufrido un impacto económico de intensidad media o alta como consecuencia de la actual crisis internacional.
La patronal difundió estos datos a través de un informe elaborado a partir de una encuesta realizada desde el pasado 17 de abril y en la que participaron 400 empresas del sector. El estudio refleja una preocupación creciente entre las constructoras por el encarecimiento de la energía, los carburantes y las materias primas. Según la CNC, el 90% de las compañías considera que su viabilidad podría verse comprometida si la situación se prolonga en el tiempo o si no se adoptan medidas urgentes para contener el aumento de costes. El informe vincula esta situación al conflicto derivado de la guerra de Estados Unidos e Israel en Irán, que ha elevado la incertidumbre en los mercados internacionales.
El aumento de costes asfixia a las empresas
Los datos recogidos por la patronal muestran un fuerte incremento de los gastos operativos de las constructoras. Más del 60% de las empresas encuestadas asegura haber registrado subidas superiores al 20% en el precio de los carburantes. Además, una de cada cuatro constructoras afirma que esos incrementos han superado incluso el 30%. A esto se suma el encarecimiento de la electricidad, ya que el 83% de las compañías reconoce haber sufrido aumentos de hasta el 20% en la factura energética.
El impacto también se traslada directamente a los costes generales de producción. Tres de cada cuatro empresas cifran el aumento de sus costes totales en una horquilla situada entre el 5% y el 20%. La situación resulta especialmente delicada para aquellas constructoras que trabajan con contratos cerrados antes de la crisis. Solo un 3% de las empresas consultadas ha logrado renegociar el presupuesto de esos acuerdos firmados antes del estallido del conflicto.
La mayoría de las compañías ha tenido que absorber los sobrecostes sin posibilidad de trasladarlos a sus clientes. De hecho, ocho de cada diez constructoras aseguran haber asumido íntegramente ese impacto económico. Pese a este escenario, buena parte del sector intenta mantener su actividad. El 44% de las empresas afirma que no contempla reducir su volumen de trabajo bajo ningún concepto. Sin embargo, aproximadamente un tercio sí reconoce estar estudiando posibles reducciones de actividad en los próximos meses si la situación no mejora. La incertidumbre económica y la presión sobre los márgenes comienzan a poner en riesgo la continuidad de algunos proyectos.
La CNC reclama cambios legales y más apoyo del Gobierno
El empleo es otro de los grandes focos de preocupación dentro del sector. Aun así, el informe revela que el 78% de las constructoras no se plantea reducir plantilla. Muchas empresas consideran que despedir trabajadores sería la última medida a tomar. La patronal recuerda que actualmente existe un importante problema de falta de mano de obra especializada en la construcción, lo que dificulta todavía más cualquier ajuste laboral.
Ante este contexto, la CNC volvió a reclamar al Gobierno una reforma de la Ley de Contratos del Sector Público y de la Ley de Desindexación. El objetivo es permitir mecanismos automáticos de revisión de precios en los contratos públicos para evitar que las empresas asuman en solitario el aumento de costes. La patronal considera que estas modificaciones serían clave para «garantizar la viabilidad de los proyectos» y evitar un freno en la construcción de viviendas e infraestructuras estratégicas para España. El sector teme que muchas obras puedan ralentizarse o incluso paralizarse si continúan las actuales condiciones económicas.
El presidente de la CNC, Pedro Fernández Alén, alertó además del clima de «incertidumbre radical» que atraviesan las empresas constructoras. En este sentido, reclamó «estabilidad y seguridad jurídica» para afrontar la situación. Defendió la necesidad de avanzar en el «reequilibrio de precios en los contratos públicos». También pidió una actuación coordinada por parte del Ejecutivo ante una situación que, según señaló, ya se ha convertido en una de las principales causas del deterioro de la contratación.
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