Artículo publicado originalmente en Brains Real Estate News – Noticias Inmobiliarias y de Vivienda«>Brains Real Estate News
La Comisión Europea ha lanzado recientemente un nuevo aviso formal a España por una normativa fiscal que considera contraria a la legislación comunitaria. En concreto, Bruselas sostiene que el sistema español vulnera la libre circulación de capitales al imponer a los contribuyentes no residentes un gravamen sobre su vivienda utilizada como residencia habitual en territorio español. Según explica el Ejecutivo comunitario, los ciudadanos extranjeros que no tienen la condición de residentes fiscales en España deben tributar en el IRPF por sus viviendas con un tipo del 2% sobre el valor catastral. Sin embargo, esta obligación no se aplica a los residentes en España, lo que genera, a juicio de Bruselas, una situación de desigualdad de trato.
La Comisión considera que esta diferencia de tratamiento no solo afecta a la libre circulación de capitales, sino también a la libre circulación de trabajadores dentro de la Unión Europea. Por ello, ha decidido intensificar el procedimiento de infracción ya abierto contra España.
Un procedimiento abierto desde junio de 2025 sin resultados suficientes
Bruselas ya había iniciado un expediente sancionador contra España en junio de 2025 por esta misma cuestión. En aquella primera fase, la Comisión solicitó explicaciones y la modificación de la normativa para ajustarla al derecho comunitario, pero considera que las respuestas no han sido suficientes. Ante la falta de avances, la Comisión ha decidido enviar ahora un dictamen motivado, que supone un paso más dentro del procedimiento de infracción. Este documento da a las autoridades españolas un plazo adicional de dos meses para adoptar medidas que corrijan las irregularidades detectadas.
Durante este periodo, España deberá justificar o modificar su sistema de tributación para evitar que el caso avance a la siguiente fase del procedimiento europeo. Bruselas insiste en que el objetivo es resolver el conflicto mediante el diálogo antes de recurrir a instancias judiciales.
Si no se producen cambios, la Comisión advierte de que pasará al tercer y último paso del procedimiento. Esto implicaría llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que sería el encargado de determinar si España incumple o no el derecho comunitario.
Qué está en juego en la disputa fiscal con la Unión Europea
El núcleo del conflicto se encuentra en el trato fiscal diferente entre residentes y no residentes en España respecto a la vivienda habitual. Para la Comisión Europea, esta diferencia puede desincentivar la movilidad dentro del mercado único europeo. Bruselas sostiene que este tipo de medidas pueden afectar a ciudadanos de otros países de la Unión que trabajan o residen en España sin adquirir la residencia fiscal plena, generando una barrera indirecta a la libre circulación.
En términos prácticos, el sistema actual obliga a los no residentes a declarar un rendimiento presunto por su vivienda, aunque esta se utilice como hogar principal. Para la Comisión, esta obligación no se aplica de forma equivalente a los residentes, lo que genera un posible trato discriminatorio. El Gobierno español dispone ahora de un plazo limitado para responder al dictamen motivado y evitar que el conflicto escale hasta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En caso de llegar a ese punto, la decisión del tribunal podría obligar a España a modificar su normativa fiscal.
La resolución del caso será clave para definir hasta qué punto los Estados miembros pueden establecer diferencias fiscales entre residentes y no residentes dentro del mercado interior europeo, un debate que vuelve a situar la fiscalidad en el centro de la relación entre Bruselas y los gobiernos nacionales.
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