Artículo publicado originalmente en Brains Real Estate News – Noticias Inmobiliarias y de Vivienda«>Brains Real Estate News
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha defendido en el Senado que la ocupación ilegal de viviendas representa una realidad muy minoritaria en comparación con los problemas que afrontan millones de ciudadanos para acceder a una vivienda. Durante una interpelación sobre ocupación e ‘inquiocupación’, la responsable del área insistió en que la principal preocupación de los españoles está relacionada con el precio de la vivienda y los alquileres.
El debate se produjo a raíz de una intervención de la senadora del Partido Popular Paloma Martín, quien responsabilizó al Gobierno de haber generado inseguridad jurídica para los propietarios. Según sostuvo, las políticas impulsadas por el Ejecutivo han debilitado la protección del derecho a la propiedad privada y han contribuido a reducir la oferta de viviendas en alquiler. Martín también defendió que los fenómenos de ocupación e ‘inquiocupación’ están provocando problemas de convivencia y una creciente fractura social. La senadora consideró que estas situaciones afectan a miles de propietarios y generan incertidumbre en el mercado inmobiliario.
Rodríguez respondió que la verdadera preocupación social se encuentra en otro ámbito. A su juicio, la «verdadera fractura social» se produce cuando numerosas familias deben destinar «el 50, el 60 o el 70%» de sus ingresos mensuales al pago de un alquiler. La ministra lamentó además que el debate político se centre con frecuencia en la propiedad privada y no en las dificultades de acceso a una vivienda. En este sentido, aseguró que le gustaría escuchar al Partido Popular hablar con más frecuencia del «derecho a la vivienda» que, según afirmó, reclaman millones de personas en todo el país.
El Gobierno defiende que la ocupación tiene una incidencia limitada
Durante su intervención, Rodríguez recordó que los delitos relacionados con allanamientos y usurpaciones ya están contemplados en la legislación penal española. Asimismo, afirmó que las reformas legales aprobadas en los últimos años no han alterado la consideración de estos delitos ni han reducido las herramientas para perseguirlos. La ministra aportó además datos para contextualizar la dimensión del fenómeno. Según explicó, los casos de ocupación afectan al 0,04% del parque residencial español, una cifra que contrastó con los problemas de acceso a la vivienda que padecen millones de ciudadanos.
En la misma línea, señaló que en 2025 se esclarecieron 10.971 hechos relacionados con allanamientos y usurpaciones de inmuebles. Esta cifra supone un descenso del 10,5% respecto al año anterior. Rodríguez insistió en que no pretende negar la existencia del problema. De hecho, aseguró que «no niega ni discute» que haya personas perjudicadas por situaciones de ocupación y expresó su solidaridad con quienes se ven afectados por este tipo de casos. Sin embargo, criticó que el Partido Popular utilice este asunto como eje principal del debate sobre vivienda. A su juicio, la oposición busca «generar miedo» al presentar la ocupación como uno de los principales problemas residenciales del país.
La ministra sostuvo que la diferencia entre ambas realidades es muy significativa. Mientras la ocupación afecta a una parte muy reducida de las viviendas, afirmó que uno de cada dos españoles experimenta dificultades relacionadas con el acceso a una vivienda digna y asequible.
Pisos turísticos ilegales
Más allá de la ocupación, Rodríguez puso el foco en otros factores que, según el Gobierno, tienen un impacto mucho mayor sobre el mercado residencial. Entre ellos destacó la existencia de alrededor de 111.000 pisos turísticos ilegales distribuidos por diferentes puntos del país. La ministra argumentó que la incorporación de estas viviendas al mercado residencial podría contribuir de manera notable a aliviar la escasez de oferta. Según indicó, esa medida permitiría cubrir aproximadamente el 17% del déficit de vivienda existente en España.
Durante su intervención también reivindicó la estrategia desarrollada por el Ejecutivo en materia de vivienda. Rodríguez defendió que las iniciativas impulsadas en los últimos años buscan garantizar el acceso a una vivienda y no únicamente proteger la propiedad inmobiliaria.
Artículo publicado originalmente en Brains Real Estate News – Noticias Inmobiliarias y de Vivienda«>Brains Real Estate News