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El Gobierno de Cantabria compra 63 viviendas de la Sareb en Los Corrales de Buelna por 2,1 millones
El Gobierno de Cantabria compra 63 viviendas de la Sareb en Los Corrales de Buelna por 2,1 millones 5

El Gobierno de Cantabria ha cerrado la compra de 63 viviendas en Los Corrales de Buelna por un importe de 2,1 millones de euros, tras un proceso de negociación en el que tuvo que elevar su oferta en dos ocasiones. Se trata de dos promociones de vivienda que quedaron paralizadas y que ahora la Administración autonómica pretende terminar para incorporarlas al parque público.

El anuncio fue realizado en el Pleno del Parlamento por el consejero de Fomento, Roberto Media, del Partido Popular, quien detalló que el acuerdo con la Sareb se firmará «en las próximas semanas». Según explicó, la operación se ha cerrado después de competir con otra propuesta y tras varios ajustes en el precio durante el proceso de venta.

La Sareb, entidad pública estatal encargada de gestionar activos procedentes de la reestructuración bancaria, partía de un precio inicial de 2,8 millones de euros para estas viviendas. La primera oferta del Gobierno cántabro fue de 1.751.000 euros, pero fue rechazada. Posteriormente, el precio bajó hasta los 2.295.000 euros, momento en el que el Ejecutivo autonómico decidió aumentar su propuesta, aunque todavía no fue suficiente para cerrar la operación.

Finalmente, la tercera oferta, elevada hasta los 2,1 millones de euros, fue la aceptada por la Sareb. Según expuso el consejero, la adjudicación se resolvió tras competir con «un empresario del este», en un proceso en el que, según la versión del Gobierno regional, la entidad estatal defendía que ganaría la mejor oferta económica.

Un proceso de subasta con críticas al modelo de venta

Durante su intervención parlamentaria, Roberto Media mostró su malestar con el funcionamiento del sistema de venta de la Sareb, al considerar que no ha respondido a criterios sociales. En este sentido, calificó la respuesta de la entidad como de «decepcionante», al entender que el objetivo ha sido puramente económico.

El consejero llegó a comparar el comportamiento de la Sareb con el de «un promotor privado más», criticando que el Estado haya actuado priorizando el precio frente a las necesidades de vivienda. También señaló que falta transparencia en los procesos de fijación de precios y denunció que las administraciones deben competir en subastas «sin ninguna prioridad para lo público». En este contexto, Media hizo un llamamiento a la ciudadanía para que no confíe en el discurso del Gobierno central, afirmando que «no se crean» al Ejecutivo de PSOE-Sumar porque, a su juicio, «les están engañando». También aseguró que existe «una distancia enorme entre lo que dice y lo que hace» en materia de vivienda.

El consejero defendió que el Gobierno de Cantabria no busca privilegios en la adquisición de vivienda pública, sino poder acceder a inmuebles con fines sociales sin tener que competir en igualdad de condiciones con inversores privados. En sus palabras, la diferencia está en «pagar un inmueble a otra administración con un fin social y competir en una subasta como si fuéramos un fondo de inversión».

Vivienda asequible y estrategia autonómica

Más allá de esta operación concreta, el Ejecutivo autonómico enmarca la compra dentro de una estrategia más amplia para ampliar el parque de vivienda pública en la región. Según explicó Media, ya se están movilizando activos en desuso y desarrollando nuevas promociones con distintos modelos de colaboración pública y privada. El consejero cifró en 285 las viviendas previstas en régimen de alquiler asequible dentro del plan del Gobierno de Cantabria, una cifra que, según afirmó, «sigue creciendo cada día». Entre los proyectos mencionados se encuentran las obras del edificio del Zapatón, así como otras actuaciones ya en marcha.

Asimismo, avanzó nuevas iniciativas en el municipio de Sierrapando, donde está previsto impulsar 42 viviendas adjudicadas mediante un procedimiento público-privado. Estas actuaciones forman parte de una estrategia que, según el Ejecutivo, busca dar respuesta al aumento de la demanda de vivienda en la comunidad.

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