Artículo publicado originalmente en Brains Real Estate News – Noticias Inmobiliarias y de Vivienda«>Brains Real Estate News
La Comunidad de Madrid aprobará esta semana una Ley de Medidas Urgentes para Vivienda Protegida con la que pretende dar un impulso significativo al acceso a la vivienda asequible. La iniciativa contempla la creación de más de 18.000 hogares en un plazo de cuatro años. Con ello, el Ejecutivo regional quiere responder a una de las principales preocupaciones sociales actuales.
La propuesta fue adelantada el pasado mes de noviembre y tiene como eje principal aumentar la oferta disponible. También busca reducir los tiempos de construcción para adaptarse mejor a la realidad del mercado inmobiliario. Esta combinación pretende aliviar la presión sobre los precios y facilitar el acceso, especialmente a jóvenes y familias.
Más viviendas sin consumir nuevo suelo
Uno de los pilares de la nueva ley es la introducción de incentivos urbanísticos. Estos permitirán aumentar la capacidad edificatoria en desarrollos ya existentes sin necesidad de utilizar más suelo. La medida plantea ampliar hasta un 30% la densidad de las promociones y un 20% la edificabilidad. Con esta estrategia, se podrán construir más viviendas en los mismos espacios. El objetivo es optimizar los recursos disponibles y acelerar la llegada de nuevas promociones. De este modo, se intenta responder con rapidez a la creciente demanda.
El Gobierno regional subraya que lleva años situándose a la cabeza en construcción de vivienda pública en España. Desde 2019, la región concentra más del 40% del total nacional. Este dato refuerza su apuesta por mantener el liderazgo en políticas de vivienda. Dentro de esta línea, el Plan VIVE ha sido una de las iniciativas más destacadas. Gracias a la colaboración público-privada, ya se han entregado 5.300 viviendas en distintos municipios. Además, se prevé sumar otras 3.200 durante este año y alcanzar las 14.000 en 2027.
Medidas fiscales, avales y nuevas fórmulas de acceso
La estrategia no se limita a la construcción de nuevas viviendas. También incluye medidas económicas orientadas a facilitar el acceso a la compra y al alquiler. Desde 2019 se han aprobado 14 rebajas fiscales relacionadas con este objetivo. Muchas de estas reducciones están dirigidas a menores de 25 años. A ello se suma la ampliación de la edad máxima para acceder a avales hipotecarios, que pasa de 40 a 50 años. Esta medida cuenta con una dotación de 25 millones de euros.
Otra de las iniciativas destacadas es la transformación de oficinas en viviendas de alquiler asequible. En apenas un año, esta fórmula ha permitido incorporar más de 8.000 inmuebles al mercado. Se estima que ha beneficiado a unas 20.000 personas. El programa Mi Primera Vivienda también ha ampliado su alcance. Ahora permite financiar hipotecas con hasta el 100% del valor, elevando el límite subvencionable a 425.000 euros. Esta medida busca facilitar el acceso a la compra a quienes tienen más dificultades para ahorrar.
En el ámbito de la inversión pública, el presupuesto destinado a vivienda social crecerá un 24% en 2026. El objetivo es acelerar la entrega de viviendas para familias en situación de vulnerabilidad. Durante la legislatura se prevé completar 2.100 viviendas, de las cuales más de 700 se entregarán ese año. La normativa también introduce cambios en el uso del suelo. Se permitirá construir vivienda protegida en parcelas privadas inicialmente destinadas a uso hotelero. Esta flexibilización amplía las posibilidades de desarrollo residencial.
Además, se recupera el modelo de alquiler con opción a compra. Se trata de una fórmula que facilita el acceso progresivo a la propiedad. A esto se suman ayudas específicas para familias numerosas y monoparentales. El plan incluye igualmente la eliminación de tasas en la resolución de conflictos entre propietarios e inquilinos. Esta medida pretende agilizar los procesos y reducir costes. También se impulsarán acciones para aumentar la oferta de alquiler en pequeños municipios.
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